Indígenas y campesinos entre los más perjudicados
Nuevas reformas jurídicas para profundizar el modelo neoliberal
Luis Vittor
Lima, Julio 7 de 2008
Es paradójico, en un país democrático, que quienes fueron elegidos para
legislar no lo hagan y que las reformas no sean producto de los necesarios
consensos políticos. En el Perú, lo que no hace el Parlamento lo hace el
Poder Ejecutivo; mientras los debates parlamentarios se distrajeron en
escándalos de empleados fantasmas, el Ejecutivo le facilitó el trabajo de la
creación de leyes. En 180 días ha promulgado más de 100 decretos
legislativos al amparo de las facultades otorgadas por el Congreso para
legislar sobre diversas materias relacionadas con la implementación del TLC
con Estados Unidos, que han exaltado el clima político en días previos al
paro nacional del 8 y 9 de julio.
Los decretos legislativos (DL) del gobierno aprista de Alan García,
constituyen un nuevo paquete de reformas para garantizar no sólo la
implementación del TLC sino fundamentalmente para profundizar el modelo
liberal y eliminar la oposición social que "obstaculiza" la libre
circulación del capital privado. Los DL marcan un nuevo hito, sólo
comparable con las reformas realizadas en el gobierno de Fujimori a inicios
de la década de los noventa por recomendación del Fondo Monetario
Internacional y el Banco Mundial.
El propio García, en su artículo "Una apuesta crucial por el siglo XXI",
publicado el domingo en el diario El Comercio, señala que gracias a las
facultades otorgadas "se ha promovido una gran transformación jurídica en el
Estado" y justifica que éstas tienen por finalidad "transformar el Estado",
"aumentar el crecimiento y fomentar la inversión", mejorar la "calidad
educativa y competitividad técnica", "generar empleo decente y formalizar el
trabajo" y "agilizar la acción pública".
Lo controversial de los DL es ver si estas se ajustan a las facultades
otorgadas o constituyen un "abuso" de las mismas, ya que algunos no tendrían
relación con el TLC suscrito con Estados Unidos. El analista económico
Humberto Campodónico ha estimado que al menos 20 de los decretos no se
ajustarían a las facultades otorgadas (La República).
La Defensoría del Pueblo y un grupo de parlamentarios han interpuesto dos
demandas de inconstitucionalidad contra el DL 1015 referido a la disposición
de las tierras comunales por parte de las comunidades campesinas.
Organizaciones campesinas e indígenas han anunciado la presentación de
demandas de inconstitucionalidad contra al menos cuatro decretos
legislativos. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) ha
solicitado al Congreso la derogatoria de dos decretos (DL 1057 y 1086).
Otro aspecto controversial es que la "avalancha" de decretos tiene una cuota
de contrabando al trabajo parlamentario, ya que algunos eran Proyectos de
Ley que el gobierno había enviado al Congreso y tenían el dictamen de
"archivase", mientras que otros habían recibido fuertes críticas y la
oposición de grupos parlamentarios, que ahora el propio Parlamento tienen la
oportunidad de corregir a través de control político que debe realizar a
este tipo de decretos legislativos. Una manera "criolla" de sacarle la
vuelta a la democracia, lo que ha despertado sospechas de "lobbies" tras su
promulgación, y que según denuncias hechas públicas beneficiarían a empresas
de diversos sectores productivos: minería, lácteos, puertos, pesquería y
reforestación.
La Federación Nacional de Trabajadores Portuarios (FENTENAPU) ha denunciado
que el DL 1022 beneficiaría a capitales chilenos; el Sindicato de
Trabajadores de Sedapal (SUTESAL), ha denunciado que el DL 1031 en práctica
podría constituir el inicio de la privatización de esta empresa de servicios
de agua potable de Lima; y la Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú
(AGALEP) ha denunciado que el DL 1035 favorece a los intereses del Grupo
Gloria.
"Desaparición" de comunidades campesinas y nativas
Un blanco de los decretos legislativos son las comunidades campesinas y
nativas, que en el caso de los Andes y la Amazonía han constituido
territorios de resistencia al modelo neoliberal por su oposición y/o
críticas a los mega proyectos de industrias extractivas, especialmente los
mineros. Con estos decretos, según García, la idea es abrir "nuevas áreas
para la inversión dentro del país en zonas que, por razones ideológicas, aún
permanecían cerradas".
Se ha promulgado al menos cuatro decretos para "desaparecer" las comunidades
y entregar las tierras comunales a manos privadas. García sostiene que al
facilitar "su asociación, crédito, parcelación, alquiler, etc." se estaría
sacando "de la pobreza a millones de peruanos a los que esa institución
virreinal y colectivista ha mantenido en la miseria".
Las organizaciones indígenas y campesinas, como la Confederación Nacional de
Comunidades Afectadas por la Minería (CONACAMI), la Confederación Campesina
del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Asociación
Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP), han denunciado que
el paquete dedicado a quebrar la resistencia de las comunidades incluye
cambios legales que afectan sus derechos al territorio, al agua, a la
autonomía, a la consulta, al consentimiento, al desarrollo, entre otros, que
responden a las obsesiones del presidente García por eliminar la propiedad
colectiva y favorecer el acceso a empresas interesadas en desarrollar
proyectos mineros, forestales, biocombustibles, etc.
En el caso de la minería, la denuncia de las organizaciones tendría
argumento. Efectivamente, los decretos (DL 1015, 1073 y 1064) responderían a
una clara intención de favorecer el desarrollo de proyectos mineros en
territorio de comunidades campesinas, al reducir el voto de 2/3 a 50% de los
comuneros para decidir el destino de las tierras y al eliminar el "acuerdo
previo" para el acceso a tierras comunales para actividades de exploración y
explotación minera.
Actualmente, diversos proyectos mineros (Río Blanco, Quellaveco,
Tambogrande, Michiquillay, La Zanja, San Gregorio, entre otros) se
encuentran paralizados por conflictos con las comunidades al no lograr la
"licencia social". El propio gobierno intento, el año 2007, que al menos 20
proyectos mineros fueran declarados de interés nacional al enviar el
Proyecto de Ley 1640 al Congreso, el que dictaminara su archivo.
Partidos demandan revisar decretos legislativos:
Los partidos políticos Perú Posible (PP) del ex presidente Alejandro Toledo,
el Partido Nacionalista (PNP) de Ollanta Húmala y hasta el derechista
Partido Popular Cristiano (PPC) de Lourdes Flores, han demandado la revisión
de los decretos legislativos.
El PP ha planteado que sea en el foro del Acuerdo Nacional, donde participan
diversos partidos políticos, quién revise los 102 decretos legislativos;
mientras que Lourdes Flores ha señalado que su partido revisará los decretos
para ver si éstas se encuentran en el marco de las facultades otorgadas y,
semanas atrás, había adelantado que se debe revisar el DL 1015 que afecta
los derechos territoriales de las comunidades campesinas.
Por su parte el PNP, en comunicado público, ha calificado de "irresponsable
delegación de facultades" otorgadas por el Congreso y exige al gobierno
"detallar en cada una de sus propuestas legislativas, el vínculo y la
necesidad de la norma para la implementación del TLC" y "publicar los
estudios jurídicos y consultoras que participaron en la elaboración de las
normas, a fin de definir su posible vinculo con las empresas que se
beneficiarán de las mismas".
Finalmente, el actual presidente del Congreso, Luis Gonzáles Posada del
partido de gobierno, en respuesta al planteamiento del PP ha informado que
el Parlamento tiene las facultades para revisar los decretos legislativos,
evaluar su inconstitucionalidad y eventualmente derogarlos.
Decretos legislativos cuestionados
DL 994: Las organizaciones indígenas y campesinas han denunciado que el DL
994, que promueve la inversión privada en proyectos de irrigación de tierras
eriazas para la ampliación de la frontera agrícola, vulnera el derecho al
uso del agua de las comunidades al referir que los proyectos se realizaran
aprovechando "aguas de libre disponibilidad" y el derecho de propiedad de
sus tierras al considerar que son propiedad del Estado todas las tierras
eriazas con aptitud agrícola, salvo las que se encuentren tituladas e
inscritas en registros públicos; teniendo conocimiento que de las 6 mil
comunidades más de mil no cuentan con títulos, este decreto constituye una
vulneración del derecho a la propiedad reconocido por la Constitución
Política.
DL 1022: La Federación Nacional de Trabajadores Portuarios (FENTENAPU) ha
denunciado que el DL 1022, que modifica la Ley del Sistema Portuario
Nacional, busca en la práctica desaparecer la Empresa Nacional de Puertos
(ENAPU) y entregar en concesión los puertos peruanos a capitales chilenos,
vulnerando la soberanía marítima del país. El DL transfiere los bienes de
dominio público portuario que ENAPU administra al Ministerio de Transportes
y Comunicaciones (MTC) a fin de que sean transferidos en concesión a
inversiones privados. Los trabajadores vienen realizando una campaña de
lavado de banderas contra el DL.
DL 1031: El Sindicato de Trabajadores de Sedapal (SUTESAL), ha denunciado
que el DL 1031 que promueve la eficiencia de la actividad empresarial del
Estado obliga a que empresas públicas, entre las que se encuentra Sedapal,
inscriban un mínimo del 20% de su capital social en el Registro Público del
Mercado de Valores, lo que implica que dichas acciones pueden ser ofertadas
en la Bolsa de Valores de Lima lo que en la práctica podría constituir el
inicio de la privatización de esta empresa y otras. Según la norma 5
ministros de Estado decidirán el futuro de las empresas del Estado a través
de la Bolsa de valores.
DL 1035: La Asociación de Ganaderos Lecheros del Perú (AGALEP) ha denunciado
que el DL 1035 favorece a los intereses del Grupo Gloria, que controla cerca
del 80% del mercado lácteo peruano, y perjudicaría a los productores de la
ganadería lechera nacional, al permitir el uso de leche en polvo y
sustitutos lácteos para producir leche fresca, que constituiría una "trampa"
a los consumidores. El ministro del sector agricultura ha salido a aclarar
el asunto y afirmar que sólo están cumpliendo los acuerdos con la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y el TLC con USA.
DL 1064: Organizaciones indígenas y campesinas, así como especialistas en
derechos comunales, han denunciado que el DL 1064 vulnera el derecho de las
comunidades campesinas al eliminar el requisito del "acuerdo previo" entre
comunidades y empresas mineras para acceso a tierras superficiales de
propiedad comunal y deja la figura de la "servidumbre" como la vía jurídica
para el acceso a las tierras de las comunidades para el desarrollo de
proyectos mineros. El DL ha derogado casi la integridad de la Ley 26505,
promulgado en el gobierno fujimorista, que establecía dicho requisito y
elimina el hecho de que las comunidades tenían para expresar su
consentimiento para actividades mineras en su territorio y/o negociar las
condiciones en las que están se desarrollarían. (Bayer: elimina las
consultas a las comunidades indigenas para las concesiones mineras. Es una
ley que corresponde a una dictadora civil-militar).
DL 1015: Este decreto que unifica los procedimientos de las comunidades
campesinas y nativas de la sierra y de la selva con las de la costa,
modificaba el Art. 10 de la Ley 26505 (Ley de la inversión privada en el
desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio
nacional y de las comunidades campesinas y nativas) y señalaba que para
disponer de las tierras comunales se requerirá el voto a favor de no menos
del 50% de los miembros asistentes a la asamblea. Los gremios campesinos e
indígenas han denunciado que este DL persigue la parcelación y privatización
de tierras colectivas a fin de favorecer las inversiones en industrias
extractivas. La promulgación de esta norma despertó críticas de diversos
sectores de la sociedad civil y la presentación de dos demandas de
inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, una por parte de la
Defensoría del Pueblo y otra por un grupo de parlamentarios del Congreso de
la República.
DL 1073: Ante las demandas y con la intención de frenar el paro de los
próximos días, el gobierno mediante el DL 1073 modifica el literal b) del
artículo 10º de la Ley Nº 26505, Ley de la Inversión Privada en el
desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio
nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas; modificado por el
artículo único del DL 1015, con el único añadido que ahora ya no se
requerirá la aprobación del 50% de los asistentes a la Asamblea Comunal,
sino del 50% de los comuneros con mas de un año como posesionarios;
modificación que para las organizaciones indígenas y campesinas y la
Defensoría del Pueblo continua siendo inconstitucional al vulnerar el
derecho de autonomía de las comunidades.
DL 1086: Este decreto que aprueba la Ley de Promoción de la Competitividad,
Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al
Empleo Decente, ha generado controversia entre diferentes sectores sociales;
hay quienes sostienen que tienen beneficios para los trabajadores del sector
como el acceso al seguro social de salud, sin embargo la norma sólo
beneficiaria a aquellos trabajadores que sean contratados luego de su
entrada en vigencia, luego de que se apruebe su reglamento. Gremios de
trabajadores han denunciado, además, que el DL perjudicaría los derechos de
lo trabajadores protegidos por el DL 728 (Ley General del Trabajo).
La CGTP, mediante carta del 3 de julio, ha solicitado al Congreso de la
República la derogatoria de este DL -además del DL 1057 y otros- al
considerar que exceden las facultades otorgadas por el legislativo y "con
las normas contempladas en el Decreto Legislativo 1086 se afectan gravemente
los derechos a la igualdad y no discriminación, los que se violan claramente
al establecer regímenes laborales disminuidos para grandes colectivos
laborales. Ello, sin mencionar que esta norma afectará también los derechos
de asociación sindical y negociación colectiva (.)".
DL 1088: La Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) ha denunciado el
DL 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro
Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), derogo la Ley 28522 de
creación del CEPLAN con el que se elimina la representación de los gobiernos
locales en el Consejo Directivo de dicha instancia de planificación,
reafirmando la actitud centralista y autoritaria del gobierno.
DL 1089: Este decreto establece el Régimen Temporal Extraordinario de
Formalización y Titulación de Predios Rurales y otorga facultades al
Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (COFOPRI) para la
formalización y titulación de predios rústicos y tierras eriazas, ha
recibido cuestionamientos por no ser una institución especializada ni tener
información sobre territorio de comunidades campesinas y nativas. Este DL
tiene su origen en el proyecto de Ley 1992 presentado por el Ejecutivo al
Congreso y que fuera archivado por el mismo.